Los productores porcinos manifestaron su expectativa de que las acciones coordinadas entre las instituciones públicas permitan frenar el ingreso irregular de cerdos vivos y carne porcina al país, situación que consideran una de las principales amenazas para la continuidad de la producción nacional. El planteamiento fue expuesto durante una reunión entre representantes del sector, el director nacional de Ingresos Tributarios, Oscar A. Orué, y el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, luego de la detección de un cargamento de porcinos de origen desconocido en Alto Paraná.
Pablo Maximiliano Báez Dávalos, representante de la Asociación de Criadores de Cerdos, señaló que los productores recibieron con esperanza la coordinación entre la DNIT, Senacsa y el sector privado. Explicó que el objetivo es evitar el ingreso ilegal de animales y productos porcinos, en un momento especialmente delicado para la actividad. Según sostuvo, los productores están dispuestos a trabajar junto con las autoridades para fortalecer los controles y preservar los avances alcanzados por la producción nacional.
El dirigente calificó el contrabando como una competencia desleal que perjudica especialmente a quienes producen dentro de la formalidad y cumplen con sus obligaciones tributarias y sanitarias. Remarcó que el sector realizó importantes esfuerzos para alcanzar mercados internacionales exigentes y consideró fundamental proteger tanto la bioseguridad de las granjas como el mercado interno. En ese sentido, afirmó que los productores están “en pie de guerra”, pero también comprometidos con acompañar a las instituciones en las acciones contra el ingreso irregular.
La preocupación se profundiza por la crisis de rentabilidad que atraviesa el sector. La caída de los precios y los elevados costos de alimentación están llevando a pequeños y medianos productores a reducir sus planteles y, en casos extremos, a vender sus matrices, es decir, las madres de alta genética destinadas a la reproducción. Para los productores, esta situación refleja la pérdida de rentabilidad de las granjas formales, que deben afrontar gastos de alimentación, sanidad, infraestructura y controles mientras compiten con productos que, presuntamente, ingresan al país sin cumplir con las mismas exigencias.
Báez Dávalos sostuvo que el ingreso irregular de animales no solo representa un problema económico, sino también una amenaza sanitaria para la producción paraguaya. En este contexto, recordó el operativo realizado sobre la Ruta PY02, en Ciudad del Este, donde fue interceptado un camión con porcinos cuyo origen y forma de ingreso al país están siendo investigados. La carga fue valuada preliminarmente en unos G. 600 millones y el procedimiento involucró a funcionarios de la DNIT, Senacsa y agentes de Delitos Económicos. Los animales fueron posteriormente trasladados a un establecimiento frigorífico de Santa Fe del Paraná para quedar bajo resguardo de las autoridades.
