La crisis que atraviesa el sector porcino se profundiza y comienza a obligar a pequeños y medianos productores a desprenderse de sus matrices, es decir, de las madres de alta genética utilizadas para la reproducción. La medida representa una señal de alerta para la actividad, ya que, ante la falta de rentabilidad y la caída sostenida de los precios, mantener los animales implica asumir costos de alimentación que muchos establecimientos ya no pueden afrontar. Los productores atribuyen parte importante de esta situación al ingreso de cerdos de contrabando provenientes de Brasil, que genera una fuerte presión sobre el mercado nacional.
Según señalaron referentes del sector, algunos productores ya están optando por vender sus matrices debido a que no encuentran una salida económica para sostener sus granjas. La continuidad de la reproducción supone aumentar la cantidad de animales que deben ser alimentados y cuidados, mientras los precios de venta no permiten cubrir adecuadamente los costos. Advirtieron que esta situación podría desembocar en el cierre de numerosas pequeñas y medianas granjas que durante años invirtieron en genética y producción formal.
Los productores sostienen que existe un círculo negativo que se profundiza con el ingreso irregular de animales desde el extranjero: la mayor oferta presiona a la baja los precios, mientras quienes producen dentro de la formalidad deben afrontar costos de alimentación, sanidad, infraestructura y controles. Ante este escenario, la actividad pierde rentabilidad y algunos establecimientos comienzan a reducir sus planteles reproductivos como una forma de disminuir los gastos. Para el sector, la venta de las matrices no constituye una solución, sino una medida extrema para intentar contener las pérdidas.
La preocupación llevó a representantes de la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdos (APPC) a presentar denuncias ante el Ministerio Público y solicitar acciones contra el presunto contrabando de animales. En ese contexto, días atrás se realizó un operativo sobre la Ruta PY02, a la altura del kilómetro 7,5 de Ciudad del Este, donde fue interceptado un camión que transportaba porcinos cuyo origen y forma de ingreso al país son investigados. La carga fue valuada preliminarmente en unos G. 600 millones y el procedimiento contó con la participación de agentes de Delitos Económicos, funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).
Durante el procedimiento, los ocupantes del vehículo presentaron una factura por los animales, pero no contaban con la correspondiente Guía de Traslado, lo que motivó la verificación de la carga. Los cerdos habrían sido trasladados desde la zona de Saltos del Guairá, en Canindeyú, hasta un establecimiento ubicado en el kilómetro 10 de Ciudad del Este, donde presuntamente serían faenados. El conductor Adrián Recalde y su acompañante, Plutarco Fleitas, fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia, mientras el fiscal Ysrael Villalba quedó a cargo de determinar el origen de los animales y las circunstancias de su eventual ingreso irregular al país.
Pese a este procedimiento, los productores afirman que la situación del sector continúa empeorando y reclaman que los controles se mantengan y se profundicen. Además del perjuicio económico, advierten sobre los riesgos sanitarios que implica el movimiento de animales sin los controles correspondientes. Los porcinos incautados fueron trasladados a un establecimiento frigorífico de Santa Fe del Paraná y quedaron bajo resguardo para la aplicación del rifle sanitario, conforme a las disposiciones de las autoridades. Mientras tanto, la venta de matrices por parte de productores representa una de las consecuencias más graves de la crisis, debido a que podría comprometer la continuidad de numerosas granjas nacionales.
